jueves, 2 de diciembre de 2010

Datando lo tiempos de guerra en el México Rojo

RULETA RUSA 
                     Grupo Televisa  vs   Revista semanal  PROCESO



 4º año de Gobierno  del M. Felipe Calderón en México



El presidente Felipe Calderón encabezó los Diálogos con motivo del cuarto año de gobierno. Reconoció que la crisis económica mundial de 2009 provocó el incremento de la pobreza en el país. El Ejecutivo informó del envío de una iniciativa de reforma política para evitar que se dejen en la congeladora prioridades legislativas. Si propuse el mando único policial, discutámoslo, pero díganme sí o no. Sí o no a las reformas laboral y energética. Que no se queden sin resolver esos temas, expuso Foto Francisco Olvera de la Jornada 





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Ciudad de México.- El  Presidente Felipe Calderón Hinojosa encabezó el evento: Diálogos con motivo del Cuarto Año de Gobierno, que se llevó a cabo en el Centro de Exposiciones Banamex, donde sostuvo un diálogo interactivo con ciudadanos.

El Mandatario expresó a los ciudadanos que México es grande y fuerte con salud, infraestructura, economía y seguridad para el bienestar de las familias mexicanas.





Los cambios en los que México se ha visto envuelto  han incluido un plan enérgico  de combate a los grupos del crimen organizado  y el narcotráfico  pues su violencia y virulencia tienen cooptada  la tranquilidad de  la población mexicana.








Decomisos por parte de Policía Federal


Enfrentamientos del MéxicoRojo




Una guerra sin fin



La visión de la presentadora  Denisse Maerker
El apoyo popular a todas las guerras, por legítimas que parezcan, se va debilitando conforme pasa el tiempo y aumentan los costos. Lo que es cierto en Irak y Afganistán lo es también en México en la guerra contra el narcotráfico. Han pasado tres años y la hora de hacer una rigurosa evaluación parece haber llegado. Por varias razones, porque el costo de enfrentar a los narcotraficantes es muy alto y porque no podemos seguir sin saber si vamos ganando y en qué consiste ganar. Hoy más que nunca tenemos que saber si el dinero destinado a esa guerra no estaría mejor invertido en la lucha contra la pobreza o en buscar reactivar la economía. El debate ya está abierto. Jorge G. Castañeda y Rubén Aguilar en su recién publicado libro El narco: la guerra fallida cuestionan, de entrada, que la guerra contra el narco fuera necesaria. Para ellos, Calderón se lanzó contra el narcotráfico por razones políticas y no por cuestiones apremiantes de seguridad. Apoyados en los datos de la Encuesta Nacional de Adicciones (2008) los autores demuestran, de inicio, que contrariamente a la tesis del gobierno, en México no ha habido un aumento en el consumo de drogas y por lo tanto nada que explique una explosión del narcomenudeo. En general, su tesis es que ni el consumo, ni la violencia, ni la corrupción de autoridades que se vivía a fines del 2006 eran nuevos ni se habían disparado de forma que justificara sacar al Ejército a pelear en las calles una guerra permanente contra los narcotraficantes. Para Aguilar y Castañeda el verdadero objetivo de Calderón fue legitimarse en el poder luego de una elección cuestionada y de una atropellada toma de posesión. Para los autores, no sólo la guerra no habría sido necesaria sino que además desvió recursos humanos y económicos respecto de la inseguridad que sí preocupa a los mexicanos: los robos y los secuestros. La guerra tal y como está planteada hoy, sostienen, no tiene final ni éxito posible. Los autores proponen limitar, no el tráfico, sino los efectos colaterales dañinos que el tráfico provoca: asesinatos, inseguridad, corrupción. Su ejemplo es Colombia.

La discusión debe darse. A tres años de iniciada esta guerra seguimos sin poder medir sus resultados. Las ejecuciones aumentan, la violencia permanece y las ciudades y los pueblos de las zonas calientes del narco siguen sin ser recuperadas. Las guerras generan intereses e interesados en mantenerlas. 

En México esta guerra le ha dado poder y dinero al grupo que la encabeza. Los mismos que tratan de convencernos permanentemente que vamos ganando y que es una guerra necesaria.



Del cuaderno de Rubén Agüilar



El día de ayer 01 de diciembre  "El Grande" Sergio Villareal  desde el Noticiero de Televisa  es presentado en una nota  mal armada cómo testigo protegido declarando en contra de Ricardo Ravelo  reportero especializado en Nota Roja y narcotráfico  del semanario PROCESO




Ahora los capos de la mafia sirven para dos cosas golpear a tu competencia defendiendo las raíces del periodismo y preguntandos en un ¿Cuál es mi culpa? yo sí    hago  periodismo el semanario PROCESO NO...



El periodismo es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a la actualidad. Para obtener dicha información, el periodista debe recurrir obligatoriamente a fuentes verificables o a su propio testimonio. La base del periodismo es la noticia, pero comprende otros géneros, muchos de los cuales se interrelacionan, como la entrevista, el reportaje, la crónica, el documental y la opinión.  

El periodismo puede ser informativo, interpretativo o de opinión. La información es difundida por medios o soportes técnicos, lo que da lugar al periodismo gráfico, la prensa escrita, el periodismo radiofónico, el audiovisual (mediante televisión y el cine) y el periodismo digital o multimedia. 

Dada la evidente influencia del periodismo sociedad se ha desarrollado una deontología profesional constituida por una serie de normas y deberes éticos -ética periodística-, que guían la actividad del periodista.

Dichos códigos deontológicos son emitidos generalmente por los colegios profesionales en los países en que éstos existen. En general, estos códigos postulan la independencia de los medios respecto a los poderes políticos y económicos. El periodista queda sujeto a su obligación de actuar con la mayor diligencia posible en el acceso a las fuentes y en el contraste de opiniones confrontadas. Como disciplina el periodismo se ubica en algunos países dentro de la sociología y en otros entre las Ciencias de la Comunicación.

La ciencia social del periodismo persigue crear una metodología adecuada para poder presentar cualquier tipo de noticia, ser objetivo, buscar fuentes seguras y por tanto verificables.


Anoche desde   "Tercer Grado"  Leopoldo Gómez, el Vicepresidente de Noticias de Televisa  se  pregunta y le pregunta a su Staff de presentadores de noticias.


¿QUE CLASE DE PERIODISMO 
QUEREMOS PARA MEXICO?

Uno de los objetivos principales del periodismo es informar y es indispensable tener presente a quién van dirigidos los contenidos. Con el ciberperiodismo este aspecto es más amplio que en los medios tradicionales, pues es necesario pensar que la información cada vez le llega a más personas y no sólo a nivel local sino a lectores de cualquier lugar del planeta. Igualmente, es necesario tener un especial cuidado en los contenidos y aprovechar las diferentes características del ciberperiodismo, entre ellas hipertextualidad, interactividad, multimedialidad, asincronismo y memoria.    


 PROCESO   PUBLICO EN SU EDICION 1777  lo siguiente




El Grande, hasta con Calderón convivió  
Por: Ricardo Ravelo del semanario PROCESO

Todo indicaba que, tras su detención, la carrera delictiva de Sergio Villarreal, El Grande, llegaba a su fin, pero el capo supo negociar y hoy es un singular testigo protegido de la PGR. En sus declaraciones ministeriales embarró a cuanto mando pudo, lo que permitió afianzar la Operación Limpieza, estrategia mediante la cual la dependencia intenta terminar con sus agentes corruptos.

Lo que se ignora es por qué la titular de la SIEDO, Marisela Morales, se negó a consignar en el expediente los pasajes en los cuales el detenido alude a sus contactos con Felipe Calderón, con otros funcionarios federales y con el senador panista Guillermo Anaya, quien, por cierto, tiene demandado a un reportero de Proceso por “daño moral”.

México, DF. (Proceso).- Tras su detención, el 12 de septiembre pasado en un fraccionamiento de Puebla, Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, el antiguo amo del narcotráfico en la Comarca Lagunera, debuta ahora como testigo estelar de la Procuraduría General de la República (PGR).

Desde su arresto, la dependencia le dio un trato preferencial. Una orden presuntamente girada por el procurador Arturo Chávez sentó a Villarreal Barragán en la mesa de negociaciones con la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez.

Hoy, “El Grande” goza de privilegios. Además de tener un sueldo mensual generoso, las autoridades se comprometieron a cancelar varias de las averiguaciones previas en su contra y a no decomisarle ninguno de los bienes que adquirió cuando fue operador de la célula de los hermanos Beltrán Leyva.

A cambio de ello, él debía declarar todo lo que sabe sobre las redes de corrupción en las corporaciones policiacas y proporcionar los nombres de los presuntos funcionarios y agentes vinculados con las organizaciones criminales.


A la PGR le urgía incorporar a “El Grande” al programa de testigos luego de que el 29 de octubre último un tribunal de alzada concedió la libertad a Jorge Alberto Zavala Segovia, un ex agente federal de la SIEDO que estuvo dos años en prisión. El fallo puso en riesgo la Operación Limpieza, encaminada a sanear a la Procuraduría.

Para evitar que esa investigación fracasara y que otros coacusados fueran liberados por falta de pruebas, “El Grande” aportó datos que comprometían a Zavala Segovia, por lo que el ex agente fue reaprehendido. En su testimonio, “El Grande” aseguró que vio a Zavala Segovia con maletas repletas de billetes de 100 dólares con los que presuntamente “salpicaba” a funcionarios de la SIEDO para que brindaran protección a su jefe Arturo Beltrán Leyva.
Villarreal Barragán comenzó a rendir testimonio sobre la vinculación de funcionarios con los cárteles de la droga luego de su detención.

Algunos agentes de la PGR señalan incluso que él fue quien solicitó ser incorporado al programa de testigos protegidos y que Marisela Morales aceptó la propuesta del detenido, a quien se le asignó el nombre clave de “Mateo”. Morales Ibáñez declaró que “El Grande” fue incorporado a ese programa por una orden dictada “desde arriba”.

En sus declaraciones a la agente del Ministerio Público federal, Angélica Herrera Rivero, y en presencia de sus defensores, el testigo comenzó a hablar de las redes que tejió Arturo Beltrán Leyva con altos funcionarios federales.

Le presentan a Felipe Calderón

Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITMIO/0992010 /2010, “Mateo” reveló que en septiembre de 2006 conoció a Felipe Calderón, cuando ya era presidente electo. Ese día, durante el bautizo de Elsa Anaya, hija del senador panista Guillermo Anaya Llamas, el anfitrión los presentó.

Según el testigo protegido, Anaya Llamas y Calderón son compadres y durante ese convivio el senador le comentó a Calderón durante la presentación:

“Cualquier cosa que se ofrezca, queda a sus órdenes”. El Presidente contestó: “Igualmente”.
Además, señaló que entre 2003 y 2005, cuando fue presidente municipal de Torreón, Coahuila, Anaya Llamas le asignó una escolta personal, así como agentes para que custodiaran el traslado de cargamentos de cocaína y dinero.

“Mateo” también habló de las líneas de parentesco que unen a su familia con la de Anaya Llamas. Dijo que su hermano Adolfo Villarreal estuvo casado con Elsa María Anaya Llamas, hermana del político panista, y que las familias “siempre han mantenido relación de amistad y de negocios” a pesar de que Elsa María y Adolfo llevan años separados.




LA VERSIÓN DE ‘MATEO’

En su edición 1614, “Proceso” informó sobre el bautizo de la hija del senador, quien incluso fue entrevistado. En esa ocasión Anaya Llamas aseguró que Sergio Villarreal no estuvo en esa fiesta y aclaró que su hermana Elsa María se divorció de Adolfo Villarreal en 2005; también respondió que desde hace 10 años él no tiene contacto con la familia Villarreal.

Sin embargo, “Mateo” cobró confianza y en sus declaraciones comenzó a desmenuzar la trama de complicidades entre la célula de los hermanos Beltrán Leyva y funcionarios de la SIEDO, y de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).

Ejecutados en Guerrero atribuídos presuntamente a Sergio Villareal

 Mencionó que desde su residencia en Morelos, donde vivía protegido por funcionarios del Gobierno de ese estado, Arturo Beltrán ordenó varios asesinatos y que el secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez, le proporcionaba aeronaves oficiales al capo para sus traslados.

El testigo dijo también que Arturo Beltrán le ordenó hacerse cargo de la logística para ejecutar al comisionado de la Policía Federal Preventiva Édgar Millán Gómez, quien fue asesinado en su departamento por un sicario enviado por Arturo Beltrán el 8 de mayo de 2008.

En ese crimen, expuso, colaboró también un comandante del grupo Yaqui de la PGR apodado “El Perro”, quien era escolta de Millán Gómez. Ese agente, según “Mateo”, tiene contactos con drogadictos del barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Cuando él le comentó que la idea era presentar el crimen de Millán como algo pasional o como un asalto, “El Perro” le proporcionó las llaves de la casa de Millán Gómez, ubicada en la colonia Morelos.

Además, dijo, fue él quien le indicó la hora exacta de la llegada del funcionario a su domicilio para que los sicarios que contrató esperaran el arribo de Millán para ejecutarlo.

“Mateo” expuso: …que el crimen de Millán fue bien planeado, que cuando se corrompe a las personas indicadas no hay errores y todo sale bien. Que a Millán se le ejecutó porque (a pesar de que) ya tenía más de seis meses apoyando con información al cártel, dos meses antes de su ejecución apagó sus teléfonos y los miembros del cártel no pudieron localizarlo para que les diera su apoyo en información de operativos, y que esto fue lo que detonó que su jefe, Arturo Beltrán Leyva, ordenara su ejecución.

Que esta misma suerte iba a correr también Luis Cárdenas Palominos (coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal), a quien Arturo (Beltrán) le había hecho llegar una fuerte cantidad de dinero y éste sólo la recibió, pero nunca se comunicó con el cártel… Por ese motivo Arturo Beltrán me ordenó planear y ejecutar a Cárdenas Palominos.

En otro apartado señaló que otro de funcionario que tenía que ser ejecutado de forma inmediata era (Armando) Espinoza de Benito (coordinador de Inteligencia de la Policía Federal), ya que este comandante, según le comentó Arturo Beltrán, lo quería chingar porque recibía dinero por parte de “El Chapo” Guzmán. Que tras recibir la orden se abocó a su cacería y que luego Arturo Beltrán les dijo que ya no anduvieran matando a gente del Gobierno sólo porque sí, que a los del Gobierno que fueran a matar sólo sería porque se les pagara y aún así lastimaran los intereses de la organización.

LOS PASOS DE ‘EL GRANDE’

Sergio Villarreal Barragán relató que en su natal Coahuila fue agente ministerial y que era cliente asiduo de los bares Flamingos y La Masacuata, donde los integrantes del grupo musical La Banda de San Jacinto le compusieron incluso un corrido.


En sus declaraciones mencionó también que tenía contactos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y habló sobre la forma en que solía pasar los cargamentos de droga, así como de las personas que asesinó, todas ellas de la Administración General de Aduanas.

Según él, por fallarle en la recepción de un cargamento de media tonelada de cocaína, la cual debió llegar al AICM a través de la empresa Jet Service, levantó, torturó y descuartizó a tres aduaneros:

El primero fue Carlos Alberto Tapia. Su cuerpo fue encontrado con la cabeza desprendida el 16 de diciembre de 2007 en Tlalnepantla, Estado de México; era agente de aduanas del Aeropuerto Internacional y con quien me arreglé para que recibiera la droga; el segundo fue José Villegas Valdivia, también agente de aduanas del aeropuerto, quien fue hallado con el cuerpo descuartizado en la carretera México-Tuxpan, y el tercer cuerpo descuartizado fue el del gerente de la empresa Jet Service, de nombre Francisco Gerardo Santos Iglesias.

La PGR inició las averiguaciones previas TLA/I/7422/2007/12-T y OTU/II/1950/2007 para indagar sobre las tres ejecuciones.

Según Villarreal Barragán, en la célula de los hermanos Beltrán Leyva había traiciones y muertes. En una de esas pugnas, dijo, torturó y asesinó a Mario Pineda Villa, conocido como “El MP”, por órdenes de Arturo Beltrán:

“A ese marrano yo mismo lo levanté. Se creía muy sanguinario y además no era de mi agrado. Lo amarré y le di de patadas hasta que perdió el conocimiento. Le dije: “Ya ves pinche marrano, no que muy cabrón”, posteriormente ordené que lo subieran a un vehículo y que fuera trasladado por la carretera vieja que lleva a Cuernavaca y a la altura del poblado de Huitzilac, Morelos, ordené que lo bajaran y descargué una ráfaga de ‘cuerno de chivo’ en contra de él estando amarrado”.

Posteriormente, Arturo (Beltrán) me ordenó que se ejecutara a todos los que tenían relación con “El MP” o sencillamente quien fuera su amigo, aunque no tuviera que ver con el negocio de las drogas, y así se procedió en esos días, levantando más o menos a 90 personas, mismas que eran golpeadas y ejecutadas… Que posteriormente a esos hechos mantuvo una relación sentimental con la esposa de Mario Pineda, “El MP”, de nombre Clarisa.

Con relación a la ruptura de Arturo Beltrán y “La Barbie”, por una supuesta traición de éste a su jefe, Villarreal asegura que él mismo ejecutó a más de 150 personas en Morelos y Guerrero. Una de las primeras fue un colaborador de “La Barbie”.

En su relató ministerial, el testigo aseguró que esa persona fue torturada y degollada; además, se grabó un video para subirlo a las redes sociales con amenazas a “La Barbie”, quien era aficionado a ver los videos relacionados con el crimen organizado.

INFORMACIÓN CLASIFICADA

Cuando Villarreal Barragán rindió su testimonio ante la PGR, la titular de la SIEDO, Marisela Morales Ibáñez, ordenó que los pasajes relativos al presidente Felipe Calderón y a los funcionarios de su gabinete no se consignaran, por lo que esos fragmentos quedaron archivados.

Según averiguó el reportero, durante las negociaciones Morales Ibáñez le comentó a Villarreal Barragán que era muy importante para la PGR saber qué funcionarios estaban implicados en la llamada Operación Limpieza, pues estaban en puerta las primeras libertades de varios de los ex agentes procesados, por lo que le pidió que se enfocara sólo en ese aspecto.

Según el acuerdo, Villarreal Barragán debía declarar que él personalmente entregaba dinero a los funcionarios de la SIEDO para que le proporcionaran información que beneficiara al cártel de los hermanos Beltrán Leyva. La PGR incluso le ofreció seguridad para él y su familia, escuela para sus hijos y la cobertura de los costos que ello generara; un pago mensual decoroso por su colaboración y gastos de manutención.

La funcionaria también le comentó que por “órdenes superiores” no se tocaría su patrimonio ni el de su familia, que incluyen ranchos, coches, camiones, aviones y negocios diversos.

Durante su etapa de esplendor en la Comarca Lagunera, tierra de narcos y de grandes fortunas amasadas con el lavado de dinero y el narcotráfico, Villarreal Barragán vivió en el municipio de Lerdo, Durango, al amparo de la alcaldesa panista Rosario Castro Lozano (2004-2007), hermana del actual subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano (”Proceso” 1614).

En una residencia que por un tiempo habitó Arturo González Hernández, “El Chaky”, gatillero de Vicente Carrillo, Sergio Villarreal estuvo a punto de ser detenido en una ocasión. El general Eduardo Miranda, entonces jefe de la base militar conocida como “La Joya”, montó un operativo y se trasladó con sus hombres a la residencia de Lerdo. En el momento en que iba a entrar apareció la alcaldesa Rosario Castro. Iba acompañada de Raúl Villegas Morales, director de Seguridad Pública, y de Isaías Castillo Luna, un policía ampliamente conocido por la protección que brindó a “El Chaky” (”Proceso” 1496).

Testigos de los hechos relatan que Rosario Castro impidió la detención de Villarreal Barragán. Le exigió al general Miranda la orden de cateo y el permiso para entrar a su municipio. Tan fuerte fue la arremetida de la Alcaldesa, que el militar tuvo que soltar a los detenidos y retirarse del lugar.
Hoy, aun cuando lleva más de dos meses detenido, el capo sigue teniendo buenas relaciones con funcionarios. Además, como testigo estelar de la PGR goza de protección e impunidad del Gobierno que lo atrapó el 12 de septiembre pasado en la ciudad de Puebla.

Compadre de Calderón doblega a un tribunal  Anaya Llamas consigue que magistrados condenen a periodista por supuesto daño moral.

En su intento por desmentir una presunta relación con el narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, el senador José Guillermo Anaya Llamas demandó por daño moral al corresponsal de “Proceso” en Nuevo León, Arturo Rodríguez García.

Le exige cerca de 3 millones de pesos como reparación, el pago de gastos y costas judiciales, más la publicación de una carta aclaratoria en todos los medios locales y los de circulación nacional.
Ex diputado y ex alcalde de Torreón, Guillermo Anaya es compadre del presidente Felipe Calderón; fue secretario general del Comité Nacional del PAN con Germán Martínez Cazares y actualmente es senador de la República, donde pertenece a la Comisión de Justicia.

Su administración en Torreón fue cuestionada por presuntos hechos de corrupción, que mantuvieron al Congreso local entretenido en revisar sus cuentas públicas por varios meses en 2006. Asimismo, tuvo frecuentes polémicas por violación de derechos humanos, como la persecución a la comunidad gay en 2003 y la detención arbitraria de la diputada perredista María Beatriz Granillo Vázquez en 2005.
En cambio, Anaya Llamas construyó una fructífera relación con el entonces gobernador priísta Enrique Martínez y Martínez, quien antes de concluir su sexenio, en 2005, le otorgó al panista un fiat notarial.



En 2006 Anaya era senador electo cuando el presidente Felipe Calderón aceptó ser padrino de su hija. El bautizo se llevó a cabo en la zona más lujosa de Torreón, con vigilancia del Estado Mayor Presidencial.

El 4 de marzo de 2007, en la edición 1583 de “Proceso”, se publicó el reportaje “Infiltración total”, de Patricia Dávila. Un párrafo se refiere al bautizo:

“Antes de que Felipe Calderón asistiera a la boda mencionada, realizó otra visita a Torreón, el 24 de agosto pasado, para bautizar a la hija del panista y ex alcalde Guillermo Anaya Llamas, protegido de Jorge Zermeño. Entre los invitados se encontraba Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, quien es hermano de Adolfo Hernán Villarreal, esposo de Elsa María, hermana de Guillermo Anaya Llamas”. Por ese párrafo, el senador demandó al corresponsal de “Proceso” Arturo Rodríguez.

La demanda fue interpuesta el 12 de noviembre de 2007, ocho meses después de que este semanario publicara el reportaje, y lleva la firma del “Senador José Guillermo Anaya Llamas”, quien designó como abogado patrono al entonces diputado José Ignacio Máynez Varela, integrante de la Comisión de Justicia del Congreso local.

A través de un juicio ordinario civil, el senador reclamó la reparación del daño moral procedente de supuestos hechos ilícitos y, como consecuencia, el pago de una indemnización (cuantificándola en los ingresos totales por la venta de esa edición de “Proceso”) y demás accesorios legales. El expediente (1715/2007) fue radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia Civil de Saltillo.

Para justificar la demanda civil, el senador Anaya citó los artículos del Código Penal relativos a difamación y calumnias, que para entonces habían sido derogados.

Unos meses antes de que interpusiera dicha demanda, el 12 de abril de 2007, su compadre Felipe Calderón presumió ante empresarios y directivos de medios de comunicación que esos apartados se habían derogado para evitar que los periodistas fueran perseguidos por la vía penal y así contribuir a la libertad de expresión.

El propio José Ignacio Máynez Varela fue uno de los legisladores que aprobaron, a finales de 2008, la derogación de los artículos de difamación y calumnias en el Código Penal del Estado, mientras que en su faceta de litigante los utilizaba contra el corresponsal.

En cuanto a Anaya Llamas, ni en el texto de la demanda ni a lo largo de todo el proceso judicial negó el parentesco político con Adolfo Villarreal Barragán, sino sólo la presencia de Sergio Villarreal en el bautizo, pero ésta no fue literalmente afirmada en el reportaje.

Sobre el matrimonio de Adolfo Villarreal y Elsa María Anaya, en marzo de 2007, el senador aseguró en diferentes entrevistas que estaban divorciados y que su hermana había perdido contacto con él desde hacía tres años. El divorcio no estaba anotado en el Registro Civil y los medios locales mostraron imágenes de un año antes, en las que Adolfo y Elsa María posaban juntos para la sección de sociales de un diario local.

SENTENCIA TORCIDA

Para justificar la demanda contra el corresponsal, Anaya Llamas expresó que al finalizar el reportaje se lee: “Con información de Arturo Rodríguez”, por lo que sin mayor probanza infirió ante el juez que el corresponsal era el autor de toda la publicación.

Para su propósito, Anaya intentó comprobar que había sido objeto de daño moral, convocando a cuatro testigos que afirmaron ser ciudadanos coahuilenses, que no lo conocían personalmente, y quienes supuestamente cambiaron la opinión que tenían del senador después de la publicación del reportaje motivo de la demanda, según expusieron en una diligencia efectuada el 26 de mayo de 2008. En esa misma ocasión, tres de ellos aceptaron ser abogados, compartir domicilio con el abogado patrono y con el propio senador, con lo que quedó expuesta su maniobra y el engaño al juez.

Anaya Llamas aseguró que al bautizo no fue nadie que él no conociera y que personalmente integró la lista de invitados; sin embargo, uno de sus testigos (que había dicho no conocerlo en persona) admitió haber asistido al bautizo invitado por el entonces diputado federal Jesús de León, con lo que desvirtuó la declaración del senador panista.



En la diligencia se le preguntó al senador si el texto lo relacionaba con la delincuencia organizada o asentaba una asociación delictuosa de él con Sergio Villarreal. El panista tuvo que admitir que no era así.

El abogado Ricardo Dávila Rodríguez, que encabeza la defensa del corresponsal, hace un recuento de los procesos a que se le ha sometido:

El 13 de enero de 2009, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia Civil emitió sentencia considerando que el senador no acreditó la autoría del texto al demandado, por lo que no entró a decidir si hubo daño moral o no, según el expediente 1715/2007.

Anaya Llamas apeló el 3 de febrero de 2009 ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila (TSJE), que el 19 de junio de ese año confirmó la absolutoria (Toca Civil 210/2009).

Dávila Rodríguez explica que el senador promovió amparos sucesivos que llevaron a la Sala Civil del TSJE a decidir en tres ocasiones sobre el mismo asunto, confirmando siempre la absolutoria, debido a que el Tribunal Colegiado en materia Civil y Administrativa del Octavo Circuito regresaba el expediente por “incumplimiento”.

El pasado 8 de octubre, con una prisa inusual, los magistrados federales Fernando Estrada Vázquez, Édgar Humberto Muñoz Grajales y Víctor Antonio Muñoz Cano resolvieron analizar el expediente “con plena jurisdicción” y orientar la modificación de la sentencia, amagando a los magistrados estatales con destituirlos.

Así, en su cuarta decisión sobre el caso, la Sala Civil del TSJE decidió condenar al corresponsal el pasado 12 de octubre, con lo que según Ricardo Dávila se violaron los artículos 14 y 16 constitucionales.

Para condenar al demandado, afirma el litigante, la Sala Civil debió acreditar la existencia de un hecho u omisión ilícita, que la ilicitud de la conducta hubiera causado un daño moral al senador, además de la relación de causalidad entre el hecho o conducta ilícita y el daño moral.

“La Sala Civil valoró que el corresponsal admitió haber aportado información para el artículo, pero en ningún momento el senador acreditó que la información aportada haya sido precisamente aquella de la que se duele, y sobre el demandante recae la probanza, no sobre el demandado.

“Pero sobre todo, Anaya Llamas en ningún momento aportó pruebas para demostrar que Sergio Villarreal Barragán no hubiera estado invitado al bautizo de su hija, por lo que se deja la carga de la prueba sobre el demandado sin comprobar el daño”, explica.


En su resolución, la Sala Civil afirma que, al combatir los aspectos de la demanda del senador en el juicio, el corresponsal “hizo suyo” el artículo, sin que se exigiera al senador que comprobara sus dichos.

Otra consideración de la Sala Civil es que la circulación de la edición de “Proceso” fue valorada en 76 mil 410 ejemplares, pretendiendo así acreditar el daño, lo que -según el abogado defensor- es insuficiente.

Por lo anterior, sostiene Dávila, la causalidad entre el hecho ilícito y el supuesto daño no tiene sustento ni motivación, más allá de inferencias, por lo que la Sala Civil, con su nueva sentencia, incurre en violación a garantías del reportero.
El abogado Dávila Rodríguez recuerda que el propio senador “admitió que el artículo en cuestión no lo relaciona ni lo acusa de ilícito alguno, y menos aún con personajes del narcotráfico, por lo que no es jurídicamente posible determinar ni la ilicitud del acto ni la existencia del daño moral”.

El pasado 4 de noviembre, la defensa del corresponsal interpuso una demanda de amparo directo por la violación de sus garantías constitucionales ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Octavo Circuito, precisamente el que forzó a la Sala Civil del TSJE a condenarlo.

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85629



¿Qué tipo de periodismo queremos para México? 
Dr. Leopoldo Gómez de Grupo Televisa...


Grandes portadas a presentado PROCESO basandose en declaraciones de testigos Denise Dresser




Cada ladrillo de PROCESO lo conozco desde que le dije chau en 99 a hecho de la calumnia su modus vivendi es Carlos Marín la playa del tamarindito atribuída a Fox basada en testigos protegidos...




Esto  es   TERCER GRADO   de Grupo Televisa  







Emisión comandada por Dr.  Leopoldo Gómez  Vicepresidente de Grupo Televisa  los errores al informar ponen en riesgo a sus propios presentadores así  como al equipo de reporteros de la Revista Proceso.  


Pués en lo que ellos fundamentan como información y dan una opinión jerarquizada mal tratando el tema del programa de "TESTIGOS PROTEGIDOS"  del cuál ahora el semanario PROCESO es víctima y en lo que fundamenta su trabajo al desinformar supuestamente a la sociedad mexicana y a sus tres lectores que cada vez son menos. 


PROCESO  según el colegio de reporteros y presentadores de Grupo Televisa  hacen crítica de un medio experto y especializado en  esas notas que nos hacen reflexionar de que sucede en México. No es verdad que en otros países  no existan más medios como PROCESO dónde se va más a fondo en la información  que lo que puede durar una nota en pantalla.  


En un claro    "Mea culpa"   proceden a un lavatorio de manos como Poncio Pilatos, exponiendo los pecados ajenos pero no los propios. A noche el reportero Ricardo Ravelo se convirtió en el hombre más poderoso incluso que el Secretario de Seguridad Pública al exigirle a un capo del narcotráfico 50 mil dólares por no mencionar su historial delictivo en las páginas de PROCESO.




NO    VERIAN Y ESCUCHARIAN   AL PRESIDENTE FELIPE CALDERON HABLANDO DE LA LIBERTAD DE PRESA Y CONTENIDOS AL INFORMAR...  EN EL NOTICIERO DE JOAQUÍN LOPEZ DORIGA...


















Encantadora lección  de periodismo en Tercer Grado. ¿O de cinismo?
 JENARO  VILLAMIL  el periodista  y columnista del Semanario PROCESO




¿USTED  QUÉ  OPINA?


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