UNA PRESENTACIÓN
DE
ABOGADOS CON CÁMARAS
"Falsos abogados que se ostentan como tal y en la defensa de tu familiar jamás te enteras..." esto es PRESUNTO CULPABLE.
Según lo previsto, Hernández y Negrete salieron a Berkeley para iniciar su doctorado en política pública, no sin antes aceptar estudiar el caso que pronto tomó un giro digno de un drama policíaco de televisión. En la biblioteca de derecho Boalt, mientras que Hernández examinaba un documento del expediente del joven, intuyó correctamente que el "abogado defensor" del caso había falsificado su licencia. Poco después cuando Zúñiga fue condenado a 20 años de prisión, ambos abogados reiniciaron y ganaron un nuevo juicio sobre la base de este descubrimiento fortuito.
Sorprendentemente, a los jóvenes "abogados con cámaras" — como se autonombran a sí mismos — también se les concedió el permiso para filmar este nuevo proceso judicial en uno de los juzgados en la Ciudad de México. "Tuvimos acceso al juzgado con cuatro cámaras.... ¡Fue un milagro!" dice Negrete. "Y luego hicimos entrevistas a todos los testigos".
Eventualmente utilizaron las imágenes, para hacer un documental de 90 minutos que revela las prácticas habituales de los tribunales y las prisiones en México. En un documental titulado "El Externante: Presunto Responsable" ("Presumed Guilty") — proyecto adicional mientras realizan su tesis y crían a su hija de cinco años de edad — Hernández y Negrete, que se encuentran en sus treinta, exponen la notable historia de las tribulaciones de un hombre y de un sistema profundamente deficiente en el que Zuñiga se encontró atrapado. En México, dice Hernández, "no hay recurso constitucional ni apelación o recurso básico para la mayoría de las violaciónes del proceso. En el insólito caso de que el juicio sea anulado, se obtiene un nuevo juicio con el mismo juez que podría ya tenerte previamente sentenciado. Se podría decir que 'El Externante: Presunto Responsable' es una historia acerca de nuestra lucha contra estas probabilidades."
Filmada y producida con el apoyo de organizaciones no lucrativas en México, los EE.UU., y Europa, la nueva película se introdujo en el 21 Festival Internacional de Documentales, que tendrá lugar en Amsterdam, a finales de noviembre.
78% de los familiares en el llamado reclusorio Oriente tienen que ayudar a sus familiares con dinero, y alimentarlos durante su estancia en la cárcel según reporte del CIDE
Acercamiento a los procedimientos judiciales
 Roberto Hernández y Layda Negrete.(Bill Schwob photo) |  |
Cuando ambos abogados se conocieron hace siete años, Negrete estaba haciendo investigación para una prestigiosa institución de investigación de México (CIDE), y Hernández para una organización de los EE.UU. que apoyaba la reforma judicial. Su labor en ambas organizaciones, les ofreció acceso al sistema judicial — a los que la población en general no tiene oportunidad de acceder — y comenzaron a comparar notas acerca de los momentos extraños de los que fueron testigos.
De esta manera, se enteraron que aproximadamente el 90 por ciento de la condena penal en México depende en una montaña de políticas y procedimientos que favorecen la acusación. Negrete señala que incluso la arquitectura del sistema judicial, favorece a un veredicto de culpabilidad. Los tribunales penales están físicamente adjuntos a las cárceles. Cuando llega la hora de ir a juicio (después de aproximadamente tres meses en prisión preventiva dicen), el demandado cruza de un túnel subterráneo a una pequeña habitación separada de la sala del tribunal por barras. Es a partir de este momento, cuando la persona demandada, vestida en su uniforme carcelario, es juzgado a veces durante seis o siete horas ininterrumpidas, sin silla y sin acceso a un cuarto de baño, junto con el hedor dejado por sus antecesores que han tenido que aliviar sus necesidades en el mismo sitio.
A menudo, un fiscal trabaja en el tribunal y litiga todos y cada uno de los casos que llegan. En el proceso, el fiscal desarrolla una estrecha relación con el defensor público y con el juez. En una ocasión, los investigadores fueron invitados a celebrar el cumpleaños del fiscal, y todos los asistentes, incluido el juez, se reunieron alrededor de la torta para cantar. "No, ¡Esto no puede ser posible!" Negrete recuerda cómo ella vio al acusado a través de la mira, desde un "pequeño agujero" al fondo de la habitación.
Mientras tanto, las investigaciónes cuantitativas de los dos abogados, arrojaron cifras tales como: a partir de una muestra aleatoria de 1,500 acusados, aproximadamente el 80 por ciento dijo que nunca había visto a un juez; el 60 por ciento dijo que no había podido escuchar o entender la totalidad o la mayor parte de su propio juicio.
"Estabamos orgullosos de nuestros números," recuerda Negrete, porque la calidad de los datos fue un caso fuerte para la reforma judicial. O así lo creyeron. Sin embargo la gente en el poder permaneció impasible. Fue entonces que para Negrete y Hernández, llegó el momento de tomar otro camino. "Vendimos nuestro coche y compramos una cámara," recuerda Negrete. "Decidimos hacer una película." Ellos comenzaron a visitar las cárceles mexicanas recolectando "pequeñas anécdotas que respaldaran nuestras estadísticas."
Movilización de apoyo
Layda Negrete sobre por qué está estudiando la política pública en la Universidad de California en Berkeley
"Nos estamos seguros de que necesitamos más formación para el desarrollo de una investigación profunda de la política y la ciencia social. La educatión jurídica no proporciona esta formación de ninguna manera.
"Ahora creo que somos mucho más competentes para trabajar en equipo con los científicos sociales. Siento [que tengo] una mente más fuerte y que estoy más cerca de la comprensión de las instituciones caóticas de México con algo más que retórica y la poesía."
Cuando obtuvieron las historias — la de Zúñiga en particular — las utilizaron para llamar la atención para una creciente campaña nacional para la reforma judicial. Hernández fue invitado a Chile para observar la reforma judicial creada después de la caída de la dictadura de Pinochet. "Fue la reforma judicial más exitosa en América Latina," señala Negrete. "Tuvo el impulso el cerebro y el dinero."
Trabajando con una red nacional de activistas dedicados a la reforma judicial, hicieron presentaciones a líderes de México (usando videos sobre las reformas de Chile como un punto de contraste), fueron entrevistados en el canal en español de CNN, y fue puesto en YouTube un video inicial, un documental de 20 minutos llamado "El Túnel" (que hoy ha tenido mas que 50.000 "vistas"). "Roberto, me quedé sin palabras, me dolió el corazón, y solté el llanto.... pero este video vale todo el oro del mundo," respondió un espectador de la sección de comentarios del sitio en internet.
En junio de este año, el presidente de México Felipe Calderón firmó una ambiciosa enmienda constitucional que reformó el sistema judicial, la que Negrete describe como "una combinación muy extraña del 'Patriot Act' y partes muy liberales de derechos humanos." Hernández fue pieza clave para la incorporación de estos últimos elementos por haber tomado elementos de los acuerdos internacionales de los que México es signatario y por trabajar con la madre de Negrete, que es miembro del Congreso de la Unión mexicano. De esta manera, pudo comunicarse con los comités clave. Con la nueva enmienda, México, por primera vez, tendrá juicios públicos y presunción de inocencia en cada caso.
"¿No es incredible " dice "que la inserción de la presunción de inocencia en nuestra Constitución sea todavía en el 2008 un asunto de enorme controversia?" Ahora el reto, Hernández cree, es la implementación de la enmienda y de los procedimientos del debido proceso, y la presunción de inocencia, en todas partes.
Link al web site del documental http://presuntoculpable.org
Poder judicial, presunto culpable
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F., 5 de marzo (Apro).- La juez del Décimo Segundo Tribunal Administrativo en el Distrito Federal, Blanca Lobo Domínguez, ya supo lo que son los juicios sumarios de los medios y el oportunismo político.
A cinco días de la controvertida pero apenas primera decisión judicial, la secretaría de Gobernación no había acatado el mandamiento judicial porque supuestamente ignora “los alcances” de la decisión de la juez.
Lo que en realidad ha hecho es ganar tiempo no sólo para que el documental siga proyectándose, sino ante la decisión que a más tardar el próximo miércoles debe tomar un Tribunal Colegiado respecto a la suspensión provisional ordenada por la juez.
Si ese Colegiado revierte la medida, la película seguirá proyectándose sin ninguna sombra de censura, pero si avala a la juzgadora, entonces el Poder Judicial quedará como el gran censor.
Para evitarlo, podría levantar la orden de suspensión provisional y seguir sin presiones mediáticas el curso del juicio de amparo solicitado por los que se dicen afectados por la proyección, los familiares de la víctima del asesinato a partir del cual se hizo el documental.
Lo que Gobernación defiende no es un interés general, sino lo que la película representa para uno de los principales proyectos del gobierno de Felipe Calderón: la implantación en México de los juicios orales.
Resulta difícil pensar que un gobierno como el de Calderón esté velando por el interés general, que sería el derecho de la sociedad mexicana a saber y conocer. Con los antecedentes que tiene de arremeter contra los medios y periodistas que no le son afines no se puede creer que su acción sea para defender tales garantías.
Uno de los argumentos para decir que la juez Blanca Lobo pretende censurar la película es que antes de ordenar la suspensión provisional de su proyección debió pensar, precisamente, en el interés general. En este caso, el derecho de los mexicanos a conocer las miserias del sistema de procuración e impartición de justicia, lo que le da un gran valor al documental.
Pero el sistema de justicia no se reduce a las decisiones de los jueces, sino a lo que el Poder Ejecutivo –federal y estatal– hace y deja de hacer a través de sus “policías investigadoras” y de sus agentes del ministerio público.
Aunque el caso que presenta la película ocurrió en el Distrito Federal, es sabido y padecidas por todos la manipulación, negligencia e ilegalidades que existen en los procesos judiciales en todo el país. De ahí su justificado éxito.
No está duda. Pero Presunto culpable es más que un mero testimonio elaborado por dos abogados preocupados por el sistema de justicia penal mexicano. Roberto Hernández y Layda Negrete Sansores –hija de la exdiputada Layda Sansores y nieta del exgobernador de Campeche Carlos Sansores– forman parte del proyecto promovido desde 2004 por Estados Unidos para que en México se instauren los juicios orales.
Ambos forman parte del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), que junto con organizaciones empresariales mexicanas y fondos del gobierno estadounidense ha sido punta de lanza de la reforma penal aprobada en 2008. De ahí la gran promoción del documental.
La reforma, que además de hacer constitucional la figura del arraigo –esa sí, una medida propia de regímenes totalitarios– estableció que a más tardar en el 2016 en todo el país deben funcionar los juicios orales, para lo cual se han destinado parte recursos de la Iniciativa Mérida.
Calderón hizo suyo el proyecto estadounidense y tuvo el aval en el Congreso a partir del hecho, innegable, de la inoperancia del actual sistema de justicia.
Pero nada garantiza que los juicios orales vayan a ser la solución, sobre todo si las procuradurías siguen operando en función de los intereses políticos de sus jefes –el presidente o los gobernadores– o las policías están tan desacreditadas no sólo por la corrupción, sino por los cuestionamientos de que son objeto sus jefes, como el caso del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
A partir del principio de presunción de inocencia, –el cual, desde luego, no operó en el caso de Florence Cassez, a pesar de las ilegalidades en la investigación de García Luna–, el CIDE patrocinó también la reapertura del proceso por la masacre de Acteal y logró la liberación de los acusados.
Si los liberados no fueron culpables, fue una gran reparación. Ese es el objetivo de los juicios orales. Pero lo que no supimos fue quiénes son los responsables. Ni lo sabremos, como tampoco en Presunto culpable. La impunidad tampoco será abatida por la justicia transparente que ahora todos dicen defender.
Astillero
desde
Presuntos inocentes
Promoción a juicios orales
Transferir, más que donar
Filantropía judicial
Julio Hernández López
CONVIVENCIA. El presidente Felipe Calderón festejó el llamado día de la Familia con una comida, ayer en un restaurante capitalino, acompañado de su esposa Margarita Zavala y sus hijosFoto Notimex
U
n documental de muy buena factura ha conmocionado a México. Presunto culpablees la obra cinematográfica –sin entrar a discusión de géneros– que más ha impactado la conciencia social respecto a problemas estructurales del país; en el caso, respecto a la ineficacia y el atraso de los sistemas de procuración y administración de justicia, comprobados productores de presuntos culpables pero, también, de presuntos inocentes.
Ejemplo de las distorsiones que hoy se viven lo da la sostenida y apasionada denuncia de una supuesta censura que hasta ahora no se ha cumplido: la cinta sigue en cartelera, la taquilla camina rumbo a marcas históricas, la publicidad gratuita continúa y los principales representantes de los poderes políticos, económicos y mediáticos han encontrado un resquicio ideal para disfrazarse de guerrilleros verbales en defensa de la libertad de la expresión y en contra de las injusticias denunciadas en pantalla. No sólo eso: se ha instalado un increíble silencio colectivo (una aprobación virtual) ante la decisión política del gobierno federal de no cumplir la suspensión provisional ordenada por un juez (causal, en otros momentos, de procesos de desafuero con sentido electoral), otorgando así un cheque en blanco al poder ejecutivo para que en función de sus consideraciones haga su voluntad.
A contracorriente, pero es necesario decirlo: no hay ni hubo censura, sino el recto cumplimiento de una función judicial. La fuerza mediática volcada en favor del documental ha pretendido linchar a una juez, Blanca Lobo Domínguez, por dar curso a la solicitud de un ciudadano que al creer violentados sus derechos e intereses acudió a las instancias que le pueden amparar. Pero los presuntos culpables de ahora son la juez Lobo y el solicitante de la suspensión provisional, el joven Víctor Daniel Reyes que, en caso de serlo, sería el eslabón culpable más débil de la larga cadena que produce la escandalosa injusticia mexicana a la que el documental en mención denuncia con enjundia pero solamente en tramos procesales, en los rangos inferiores, sin subir la mira ni plantear el contexto general que propician, administran y disfrutan muchos de quienes bajo el manto de esta obra pretenden limpiar culpas y lanzar defensas encendidas a libertades y derechos que usualmente mancillan: crear injusticias para luego
combatirlas.
En realidad, significativos representantes de las élites económicas y políticas de México y Estados Unidos son los patrocinadores e impulsores de un documental que forma parte del proyecto de promoción en México de los juicios orales como parte de una reforma judicial impulsada por FC pero, fundamentalmente, por EU. La instauración de un sistema judicial basado en el estilo del vecino país ha sido largamente impulsada por los principales productores de Presunto culpable, sobre todo por Ernesto Canales Santos, el presidente del patronato de Renace, la asociación con sede en Monterrey que ayuda a personas pobres que sufren injusticia judicial (Renace a la que se transfieren, más que donar, las ganancias de Presunto culpable. Es decir, se envían a la cuenta de uno de los mismos productores ejecutivos, Canales Santos, quien preside otra agrupación, el Instituto Mexicano para la Justicia en el que, según se ve en http://bit.ly/hmfhJC,aparecen como asesores Layda Negrete y Roberto Hernández, los motores principales del documental. Es decir, las ganancias, según sean reportadas por Cinépolis, que con esta obra se ha estrenado como empresa distribuidora de películas, ya no sólo exhibidora, no irán a un ámbito distante, ajeno, incompartido, sino a las mismas cuentas del grupo que ha impulsado este proyecto: presunta donación).
Canales Santos es un abogado corporativo que ha estado al servicio de Visa, Alfa y Femsa, y ha formado parte de consejos de administración con miembros de las familias Canales Clariond. Un vicepresidente de Renace es Alberto Santos de Hoyos, quien fue diputado y senador por el PRI y que fue principal accionista de Gamesa, además de ser consejero de Axtel, Seguros Comercial América, Grupo Cydsa y Sigma Alimentos. En su propio grupo (Ingenios Santos, Automotriz Santos y Empresas Santos), el vicepresidente de Renace ha enfrentado acusaciones de beneficiarse de rescates públicos polémicos, como el relacionado con los productores de azúcar (el imprescindible Carlos Fernández-Vega, enhttp://bit.ly/hIl13U, toca el tema). Otro vicepresidente, Ernesto Rangel Hinojosa, fue director general de administración de Grupo Vitro, y miembro de su consejo de administración en 1998, como puede verse en http://bit.ly/gclKlQ junto a Jaime Serra Puche, Lorenzo Zambrano (Cemex), Ernesto Martens Rebolledo (Cintra, luego funcionario con Fox), y Alejandro Garza Lagüera (Pulsar). El tesorero es Fernando Turner Dávila, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes que fue destacado orador en favor de AMLO en reciente comida en el Distrito Federal.
A tales empresarios y abogados corporativos, en su faceta de filántropos en asuntos judiciales, irán las ganancias de Presunto culpable en cuanto ésa es la matriz, junto al CIDE, al que pertenecen Negrete y Hernández y que ya antes produjo otro esfuerzo de esclarecimiento jurídico en la revisión de los expedientes de Acteal. Lo que se busca es crear un ambiente propicio para las reformas judiciales calderonistas, impulsadas desde EU, que desde ahora son duramente impugnadas por cuanto pretenden celeridad en la resolución del enorme rezago judicial pero sin sustento ni bases firmes para garantizar inocencias o culpabilidades. Un ejemplo ya se tuvo en Chihuahua en el caso del asesino de la hija de Marisela Escobedo. Otro ejemplo se vive ya, de manera distinta, en el caso del joven Reyes, primo del asesinado que dio pie al documental en mención y que ahora es linchado mediática y socialmente y a quien incluso se le niega, con aires clasistas, el derecho a defender su imagen y la de su familiar víctima de homicidio. ¿Presunto culpable para que haya presuntos inocentes? ¡Hasta mañana!
Fax: 5605-2099 •juliohdz@jornada.com.mx
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